UN
IAE POLÍTICO
El IAE como ustedes
saben es un impuesto basado en la desconfianza.
Significa Impuesto
de Actividades Económicas y se aplica a las empresas o personas que tiene
negocios y como tales son, para hacienda, empresas.
Se basa en la
desconfianza, porque si cada cual dijera lo que gana no series necesario.
Sin embargo, como
tenemos tendencia a no pagar impuestos (aunque si a recibirlos) el Estado no se
fía de nadie y, entre otras cosas, inventó el IAE.
Con el IAE ya no hay
que decir lo que se gana. Te lo calculan ellos. La idea no es mala. Si un
dentista, por ejemplo, dice que gana poco y el de la competencia también, es
obvio que si el primero tiene 7 potros de tortura, 5 enfermeras y 2 ayudantes,
indudablemente ingresa menos que quien solo tiene una cosa de cada.
Entonces, lo que
hace el IAE es que contándote la energía contratada, los metros cuadrados de tu
local, el número de trabajadores, etc, te deduce si vas hacia arriba o hacia
ahajo, y en consecuencia te dice la cuota a pagar, te pone el impuesto.
Pues bien. Algo
parecido habría que hacer con el sueldo de los políticos.
Resulta que lo
primero que hace una institución en cada legislatura es celebrar un pleno (que encima
suele ser el primero) en el que los cargos públicos electos se auto imponen sus
propios sueldos.
Y claro, como encima
los que han ganado no tienen un pelo de tontos (si no, no habrían ganado) les
pones un dedo en la boca y te lo muerden.
Traducido al
castellano, se gratifican con unos sueldazos de escándalo.
Todo esto origina un
descrédito de la clase política que aumenta año tras año.
Eso, amén de que
también se produce un vaciado de las arcas públicas a cargo de unos
particulares muy particulares.
Llegados aquí, y
como nadie está libre de caer en esas tentaciones, lo que hay que hacer es
evitarlas.
Se propone por eso
que se establezca una especie de IAE político, mediante el cual, a través de
unos parámetros, se limiten los sueldos máximos de los políticos agraciados e
incluso el número de liberados y machacas (personal de confianza del grupo político/pagado
por la institución, sin ser funcionario ni haber sido votado por nadie).
Se podía llamar
también IAE —Impidamos Abusos Excesivos – y determinaría, según el número de
habitantes, de deuda, de patrimonio, etc, de localidad o autonomía, lo máximo
que podrían cobrar los allí liberados a tiempo total.
No, sería obligatorio
cobrar, y ni siquiera alcanzar los máximos permitidos.
Así se vería quienes
siguen en política al quitar el chollo, y sobre todo, se ahorraría para hacer
tantísimas cosas que siendo necesarias no se realizan porque según los que
mandan (perdón. los que cobran) "no hay dinero para todo".
Controlados los máximos
sueldos, el IAE serviría a su vez para limitar el número de asalariados políticos.
Según mi experiencia
como ex concejal y ex diputado provincial en esta tierra, tanto en la Diputación,
como en el Ayuntamiento de la capital, bastaría, por institución, con tres
liberados políticos (jefe y dos lugartenientes).
Y para los grupos, a
elegir, o un machaca a tiempo completo con sueldo de auxiliar administrativo o
medio político liberado.
Y para el equipo del
jefe de la entidad, con una persona más, a sueldo también de auxiliar, iba que
chutaba.
Créanme. Todo lo
demás es tirar el dinero a mansalva aun en el supuesto de que trabajaran mucho.
Que encima no lo hacen, por lo que se ve, y aún
menos, por lo que no se ve.
FRANCISCO
MOLINA. La Opinión de Zamora. Comienzo Siglo XXI
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